Tabaré Vásquez muy molesto: Canciller de Uruguay denuncia que gobierno interino de Brasil intentó comprar su voto en Mercosur
Resumen Latinoamericano/ 17 de Agosto 2016
El canciller Rodolfo Nin Novoa acusó al gobierno de Brasil de querer “comprar el voto de Uruguay” al pretender que se suspendiera el traspaso de la presidencia temporal del Mercosur a Venezuela, a cambio de futuros acuerdos comerciales.
“No nos gustó mucho que el canciller (José) Serra viniera a Uruguay a decirnos —lo hizo público, por eso lo digo— que venían con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que, además, si se suspendía, nos iban a llevar en sus negociaciones con otros países, como queriendo comprar el voto de Uruguay”, señaló el canciller en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, el pasado miércoles 10, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.
Acompañado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, Serra llegó a Uruguay el 5 de julio para reunirse con el presidente Tabaré Vázquez y su par uruguayo. En conferencia de prensa, Serra reveló que Brasil haría “una gran ofensiva” comercial en África subsahariana e Irán y quería llevar a Uruguay —no a todo el Mercosur— como “socio”. A su vez pidió al gobierno dejar en suspenso el traspaso de la presidencia del Mercosur a Venezuela.
Esta actitud “molestó mucho” a Vázquez y “bastante” al canciller, según informó Nin Novoa al Parlamento. “El presidente se lo dijo clara y rotundamente: Uruguay va a cumplir con la normativa y va a llamar al cambio de la presidencia” del Mercosur, enfatizó.
En todo momento, Nin Novoa dejó en claro que Uruguay entiende que “Venezuela es el legítimo ocupante de la presidencia pro témpore y, por lo tanto, cuando convoque a una reunión el gobierno uruguayo asistirá”. El mensaje a los otros socios del Mercosur fue claro: “Uruguay va a estar presente. Si los otros no van, será una responsabilidad de ellos”.
El canciller también afirmó que los “socios mercosurianos”, en alusión a Brasil y Paraguay, manejan argumentos “eminentemente políticos” y tienen el objetivo de “hacer bullying a la presidencia de Venezuela”. “Lo digo con todas las letras. Se saltean lo jurídico, que es este libro que estoy mostrando, que contiene el cuerpo normativo, y aduciendo razones que no están aquí, quieren eludir, erosionar, hacer bullying a la presidencia de Venezuela. Esa es la pura verdad”, subrayó.
Nin Novoa coincidió con el diputado que lo convocó a comisión, Ope Pasquet (Partido Colorado), en que “hay que salvar al Mercosur”. En tanto, opinó que “no hay ninguna condicionante para que un país cuyo mandato ha terminado siga ejerciéndolo y no asuma la presidencia pro tempore el próximo país según el orden de rotación alfabético. Uruguay no se iba a quedar en la presidencia de ninguna manera; ateniéndonos a las normas, a los seis meses, íbamos a dejarla”.
Además, el gobierno uruguayo tomó la decisión de no participar de las reuniones que por este tema mantienen Argentina, Brasil y Paraguay. Nin señaló que el encuentro realizado en Río de Janeiro en la inauguración de los Juegos Olímpicos “fue de cóctel” y “no se resolvió absolutamente nada”. Para el canciller, lo “grave” fue el hecho de que el coordinador nacional de Brasil, el embajador (Paulo Estivallet) de Mesquita, mandató a que ningún representante de ese país concurriera a las reuniones convocadas por Venezuela.
“CHANTAJE DELEZNABLE”
El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, el socialista Roberto Chiazzaro, condenó el comportamiento “lamentable” de la Cancillería brasileña encabezada por José Serra. “Venir a chantajear a Uruguay es algo totalmente deleznable. Me parece bien que el señor ministro diga públicamente que Uruguay no se sujeta a chantajes”, sostuvo Chiazzaro en la sesión del miércoles 10, durante la comparecencia del canciller Rodolfo Nin Novoa en esa comisión.
Además, el diputado elogió el trabajo realizado por la Cancillería, que calificó de “intachable”. “De todo lo dicho acá, una de las frases que más me gustó fue una que señaló el ministro en el sentido de que se buscan atajos políticos para no cumplir con lo jurídico. Creo que esa es la realidad que se trasmite acá. Hay interés de países de la región en que el gobierno venezolano caiga. Es claro”, subrayó.
FRENTE AMPLIO RESPALDA GESTIÓN DE LA CANCILLERÍA
La Mesa Política del Frente Amplio aprobó el pasado viernes una resolución de respaldo a la política del canciller Rodolfo Nin Novoa por la voluntad de entregar la presidencia temporal del Mercosur a Venezuela. Además, la coalición reafirmó “el compromiso irrestricto” con los espacios de integración regional y manifestó su confianza de que el gobierno encuentre la forma de “salvaguardar el Mercosur como herramienta estratégica latinoamericana”. La declaración fue aprobada por unanimidad.
“No nos gustó mucho que el canciller (José) Serra viniera a Uruguay a decirnos —lo hizo público, por eso lo digo— que venían con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que, además, si se suspendía, nos iban a llevar en sus negociaciones con otros países, como queriendo comprar el voto de Uruguay”, señaló el canciller en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, el pasado miércoles 10, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.
Acompañado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, Serra llegó a Uruguay el 5 de julio para reunirse con el presidente Tabaré Vázquez y su par uruguayo. En conferencia de prensa, Serra reveló que Brasil haría “una gran ofensiva” comercial en África subsahariana e Irán y quería llevar a Uruguay —no a todo el Mercosur— como “socio”. A su vez pidió al gobierno dejar en suspenso el traspaso de la presidencia del Mercosur a Venezuela.
Esta actitud “molestó mucho” a Vázquez y “bastante” al canciller, según informó Nin Novoa al Parlamento. “El presidente se lo dijo clara y rotundamente: Uruguay va a cumplir con la normativa y va a llamar al cambio de la presidencia” del Mercosur, enfatizó.
En todo momento, Nin Novoa dejó en claro que Uruguay entiende que “Venezuela es el legítimo ocupante de la presidencia pro témpore y, por lo tanto, cuando convoque a una reunión el gobierno uruguayo asistirá”. El mensaje a los otros socios del Mercosur fue claro: “Uruguay va a estar presente. Si los otros no van, será una responsabilidad de ellos”.
El canciller también afirmó que los “socios mercosurianos”, en alusión a Brasil y Paraguay, manejan argumentos “eminentemente políticos” y tienen el objetivo de “hacer bullying a la presidencia de Venezuela”. “Lo digo con todas las letras. Se saltean lo jurídico, que es este libro que estoy mostrando, que contiene el cuerpo normativo, y aduciendo razones que no están aquí, quieren eludir, erosionar, hacer bullying a la presidencia de Venezuela. Esa es la pura verdad”, subrayó.
Nin Novoa coincidió con el diputado que lo convocó a comisión, Ope Pasquet (Partido Colorado), en que “hay que salvar al Mercosur”. En tanto, opinó que “no hay ninguna condicionante para que un país cuyo mandato ha terminado siga ejerciéndolo y no asuma la presidencia pro tempore el próximo país según el orden de rotación alfabético. Uruguay no se iba a quedar en la presidencia de ninguna manera; ateniéndonos a las normas, a los seis meses, íbamos a dejarla”.
Además, el gobierno uruguayo tomó la decisión de no participar de las reuniones que por este tema mantienen Argentina, Brasil y Paraguay. Nin señaló que el encuentro realizado en Río de Janeiro en la inauguración de los Juegos Olímpicos “fue de cóctel” y “no se resolvió absolutamente nada”. Para el canciller, lo “grave” fue el hecho de que el coordinador nacional de Brasil, el embajador (Paulo Estivallet) de Mesquita, mandató a que ningún representante de ese país concurriera a las reuniones convocadas por Venezuela.
“CHANTAJE DELEZNABLE”
El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, el socialista Roberto Chiazzaro, condenó el comportamiento “lamentable” de la Cancillería brasileña encabezada por José Serra. “Venir a chantajear a Uruguay es algo totalmente deleznable. Me parece bien que el señor ministro diga públicamente que Uruguay no se sujeta a chantajes”, sostuvo Chiazzaro en la sesión del miércoles 10, durante la comparecencia del canciller Rodolfo Nin Novoa en esa comisión.
Además, el diputado elogió el trabajo realizado por la Cancillería, que calificó de “intachable”. “De todo lo dicho acá, una de las frases que más me gustó fue una que señaló el ministro en el sentido de que se buscan atajos políticos para no cumplir con lo jurídico. Creo que esa es la realidad que se trasmite acá. Hay interés de países de la región en que el gobierno venezolano caiga. Es claro”, subrayó.
FRENTE AMPLIO RESPALDA GESTIÓN DE LA CANCILLERÍA
La Mesa Política del Frente Amplio aprobó el pasado viernes una resolución de respaldo a la política del canciller Rodolfo Nin Novoa por la voluntad de entregar la presidencia temporal del Mercosur a Venezuela. Además, la coalición reafirmó “el compromiso irrestricto” con los espacios de integración regional y manifestó su confianza de que el gobierno encuentre la forma de “salvaguardar el Mercosur como herramienta estratégica latinoamericana”. La declaración fue aprobada por unanimidad.
Fin de Aratirí cierra una etapa de lucha
contra la megaminería
Resumen Latinoamericano
26 de Julio 2016
La minería metalífera a cielo abierto no es una vía de desarrollo para Uruguay.
En estos días se completaron todos los plazos previstos en la Ley de Minería de Gran Porte para la firma de un contrato de inversión para la extracción de hierro entre el gobierno y la empresa Aratirí. Los títulos mineros sobre los terrenos afectados por el proyecto deben pasar al Registro de Vacancias de la Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) quedando a disposición de posibles interesados.
La inviabilidad económica de la explotación del yacimiento de Valentines hizo que no se llegara al acuerdo. No obstante, la minera le asignó un alto valor a la información obtenida por sus estudios y pretende vendérsela a algún inversionista o al gobierno uruguayo. Si a Aratirí no le sirvió y tampoco hubo otras firmas privadas interesadas, mal le puede ser útil al gobierno hacer un gasto por esa información.
Con el paso del tiempo se evidenció algo que fue advertido desde la presentación del proyecto en 2011. El objetivo de Zamin Ferrous con Aratirí en Uruguay, al igual que en otros emprendimientos análogos en Brasil, era armar un proyecto para venderlo. Se buscaba aprovechar una coyuntura financiera extraordinaria con las materias primas en que el precio del hierro se multiplicó por siete entre 2006 y 2011.
Los yacimientos metalíferos uruguayos, pequeños y de bajo tenor, solo son rentables con precios muy superiores a la media histórica del mercado. El gobierno no reconoció el propósito especulativo de Aratirí ni que su aporte económico al país sería irrisorio, intentó acelerar la autorización ambiental e ignoró a sectores sociales que requerían explicaciones, pese a estar negociando bienes del dominio público.
Es más, la Ley de Minería de Gran Porte sólo estuvo dirigida a adecuarse al proyecto de Aratirí y por eso la calificamos de ley con nombre y apellido. Durante la discusión parlamentaria de esa ley, otras propuestas que procuraban una explotación del hierro de forma más racional y conveniente para el país, fueron rechazadas.
¿Qué habría pasado si se hubiera iniciado la explotación en Valentines? Podemos trazar un paralelo con la conducta que tuvo Zamin Ferrous en Brasil: instalaciones abandonadas, daños ambientales y sociales irreparables, litigios judiciales nacionales e internacionales, deudas incobrables y decenas de contratistas arruinados.
Sucedió aquí con la regasificadora, un proyecto que estaba encadenado con el de Aratirí. Algo similar habría ocurrido si se hubieran iniciado las expropiaciones y las obras del proyectado puerto de aguas profundas en la costa de Rocha.
El 2 de diciembre de 2013 se constituyó el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería con el fin de realizar un plebiscito nacional que decida si el pueblo uruguayo entiende apropiada para nuestro país la minería metalífera a cielo abierto. Desde entonces hemos venido recogiendo firmas con una papeleta que propone una enmienda constitucional que prohíba esta minería en todo el territorio nacional.
Lo consideramos una acción complementaria de las otras que se iban desarrollando en defensa de la tierra y los bienes naturales, donde resaltamos que la ciudadanía debe ser escuchada cuando se toman decisiones tan importantes para el país. El concepto de una ciudadanía informada y participante se reafirmó en la calle donde esa preocupación se tradujo en la disposición para firmar las papeletas.
La derrota del proyecto de Aratirí no fue, como algunos pretenden, solo consecuencia de la baja del precio del hierro. Esto ocurrió y lo invalidó definitivamente, pero para que el gobierno uruguayo no entrara en esa aventura fue necesaria una movilización sin precedentes de amplios sectores de la población que se enfrentaron a los impactos ambientales y sociales negativos que podría traer ese proyecto.
En el corto y mediano plazo, propuestas como la de Aratirí no son probables, pero la amenaza estará latente mientras no haya una norma legal que impida proyectos de esa naturaleza en el Uruguay. El Código de Minería, en especial luego de las reformas de 2011, posibilita una especulación con títulos mineros que mantiene como rehenes por muchos años la producción sobre vastas extensiones de tierras.
Si observamos lo que ocurre con las explotaciones existentes, no podemos ser optimistas. La extracción de oro en Minas de Corrales está prácticamente agotada, pero la minera Orosur viene estirando la vida útil de sus instalaciones con pequeños proyectos extractivos en otros departamentos, que destrozan y contaminan los suelos y las aguas con una sucesión de cráteres y pilas de estériles abandonados.
¿Qué hace el gobierno? Le concede subvenciones y exenciones, la exonera del pago del canon de producción, le permite ingresar el cianuro y exportar el oro sin pagar impuestos. ¿Qué dejará Orosur cuando se vaya del país? La destrucción ambiental y una calamidad social porque la minería, en esas condiciones, fuera de las ganancias para las empresas, no ofrece nada más que empleo transitorio.
En el presente, hay un sentimiento de que la amenaza de Aratirí fue superada y vamos a suspender momentáneamente la recolección de firmas, pero el propósito no se ha modificado. Mantendremos las otras actividades y estaremos alertas ante cualquier indicio de renovación de estos proyectos. Las firmas no pierden vigencia, podremos retomar la recolección no bien estimemos necesario hacerlo.
Seguiremos cumpliendo con el ideario de Artigas cuando dijo:
* No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad.
* Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana.
En estos días se completaron todos los plazos previstos en la Ley de Minería de Gran Porte para la firma de un contrato de inversión para la extracción de hierro entre el gobierno y la empresa Aratirí. Los títulos mineros sobre los terrenos afectados por el proyecto deben pasar al Registro de Vacancias de la Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) quedando a disposición de posibles interesados.
La inviabilidad económica de la explotación del yacimiento de Valentines hizo que no se llegara al acuerdo. No obstante, la minera le asignó un alto valor a la información obtenida por sus estudios y pretende vendérsela a algún inversionista o al gobierno uruguayo. Si a Aratirí no le sirvió y tampoco hubo otras firmas privadas interesadas, mal le puede ser útil al gobierno hacer un gasto por esa información.
Con el paso del tiempo se evidenció algo que fue advertido desde la presentación del proyecto en 2011. El objetivo de Zamin Ferrous con Aratirí en Uruguay, al igual que en otros emprendimientos análogos en Brasil, era armar un proyecto para venderlo. Se buscaba aprovechar una coyuntura financiera extraordinaria con las materias primas en que el precio del hierro se multiplicó por siete entre 2006 y 2011.
Los yacimientos metalíferos uruguayos, pequeños y de bajo tenor, solo son rentables con precios muy superiores a la media histórica del mercado. El gobierno no reconoció el propósito especulativo de Aratirí ni que su aporte económico al país sería irrisorio, intentó acelerar la autorización ambiental e ignoró a sectores sociales que requerían explicaciones, pese a estar negociando bienes del dominio público.
Es más, la Ley de Minería de Gran Porte sólo estuvo dirigida a adecuarse al proyecto de Aratirí y por eso la calificamos de ley con nombre y apellido. Durante la discusión parlamentaria de esa ley, otras propuestas que procuraban una explotación del hierro de forma más racional y conveniente para el país, fueron rechazadas.
¿Qué habría pasado si se hubiera iniciado la explotación en Valentines? Podemos trazar un paralelo con la conducta que tuvo Zamin Ferrous en Brasil: instalaciones abandonadas, daños ambientales y sociales irreparables, litigios judiciales nacionales e internacionales, deudas incobrables y decenas de contratistas arruinados.
Sucedió aquí con la regasificadora, un proyecto que estaba encadenado con el de Aratirí. Algo similar habría ocurrido si se hubieran iniciado las expropiaciones y las obras del proyectado puerto de aguas profundas en la costa de Rocha.
El 2 de diciembre de 2013 se constituyó el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería con el fin de realizar un plebiscito nacional que decida si el pueblo uruguayo entiende apropiada para nuestro país la minería metalífera a cielo abierto. Desde entonces hemos venido recogiendo firmas con una papeleta que propone una enmienda constitucional que prohíba esta minería en todo el territorio nacional.
Lo consideramos una acción complementaria de las otras que se iban desarrollando en defensa de la tierra y los bienes naturales, donde resaltamos que la ciudadanía debe ser escuchada cuando se toman decisiones tan importantes para el país. El concepto de una ciudadanía informada y participante se reafirmó en la calle donde esa preocupación se tradujo en la disposición para firmar las papeletas.
La derrota del proyecto de Aratirí no fue, como algunos pretenden, solo consecuencia de la baja del precio del hierro. Esto ocurrió y lo invalidó definitivamente, pero para que el gobierno uruguayo no entrara en esa aventura fue necesaria una movilización sin precedentes de amplios sectores de la población que se enfrentaron a los impactos ambientales y sociales negativos que podría traer ese proyecto.
En el corto y mediano plazo, propuestas como la de Aratirí no son probables, pero la amenaza estará latente mientras no haya una norma legal que impida proyectos de esa naturaleza en el Uruguay. El Código de Minería, en especial luego de las reformas de 2011, posibilita una especulación con títulos mineros que mantiene como rehenes por muchos años la producción sobre vastas extensiones de tierras.
Si observamos lo que ocurre con las explotaciones existentes, no podemos ser optimistas. La extracción de oro en Minas de Corrales está prácticamente agotada, pero la minera Orosur viene estirando la vida útil de sus instalaciones con pequeños proyectos extractivos en otros departamentos, que destrozan y contaminan los suelos y las aguas con una sucesión de cráteres y pilas de estériles abandonados.
¿Qué hace el gobierno? Le concede subvenciones y exenciones, la exonera del pago del canon de producción, le permite ingresar el cianuro y exportar el oro sin pagar impuestos. ¿Qué dejará Orosur cuando se vaya del país? La destrucción ambiental y una calamidad social porque la minería, en esas condiciones, fuera de las ganancias para las empresas, no ofrece nada más que empleo transitorio.
En el presente, hay un sentimiento de que la amenaza de Aratirí fue superada y vamos a suspender momentáneamente la recolección de firmas, pero el propósito no se ha modificado. Mantendremos las otras actividades y estaremos alertas ante cualquier indicio de renovación de estos proyectos. Las firmas no pierden vigencia, podremos retomar la recolección no bien estimemos necesario hacerlo.
Seguiremos cumpliendo con el ideario de Artigas cuando dijo:
* No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad.
* Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana.
Académicos y sindicalistas latinoamericanos deliberaron en Montevideo:
“La construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados continúa más vigente que nunca”
Por Darío Fuentes - Resumen Latinoamericano
16 julio 2016
La ciudad de Montevideo, en el sur del continente, fue el escenario de una jornada de análisis que llevó como nombre “La experiencia de los Gobiernos Progresistas en Debate. Vigencia de la contradicción entre capital y trabajo”. Académicos y sindicalistas de Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba, vuelven a encontrarse diez años después para darle continuidad al debate que se dio en esa oportunidad en la capital uruguaya sobre la realidad política de Latinoamérica y el Caribe. La CLATE, junto a su presidente Julio Fuentes, participó activamente en la convocatoria junto a la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), miembro de dicha confederación.
Organizado por el Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y la Sociedad de Economía Política Latinoamericana (SEPLA) estas jornadas de debate se iniciaron el miércoles 13 en las instalaciones de la COFE sobre la avenida 18 de Julio, y tuvieron su cierre en una sala de conferencias de la Universidad de Ciencias Sociales.
Julio Fuentes, Presidente de la CLATE
Los distintos referentes de estos cinco países latinoamericanos debatieron durante dos días. Estas disertaciones, preguntas y respuestas, fueron grabadas para luego producir una publicación similar a la de diez años atrás. Este encuentro reedita y toma como base el realizado en Montevideo del 17 al 19 de agosto de 2005 titulado “Los gobiernos progresistas en Debate”. El origen de la convocatoria de ambos encuentros es la necesidad que tiene el movimiento sindical de combinar en forma sistemática teoría y acción, en una actitud práctico-crítica imprescindible en una fuerza social que se plantea, como objetivo estratégico, una transformación radical de la relación entre el capital y el trabajo.
Joselo López (COFE Uruguay)
Los participantes de estas jornadas fueron desde el sector académico, Atilio Borón, Julio Gambina del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A y Horacio Fernández del Instituto de Estado y Participación de la ATE (Argentina); Marcelo Díaz Carcanholo y Plinio Arruda Samapio (Brasil); Roberto Regalado (Cuba); Antonio González Plessman (Venezuela); Antonio Elías y Álvaro Rico (Uruguay). Desde el sector sindical: Julio Fuentes (Presidente de CLATE y Secretario General Adjunto de la ATE Argentina) Joselo López (Secretario General de COFE Uruguay); Marcelo Abdala (Secretario General del PIT-CNT) y Martín Pereira (Presidente de COFE) (Uruguay).
Martin Pereira (COFE Uruguay)
El viernes 15 se realizó el cierre con las conclusiones de cada uno de los participantes en el ámbito universitario uruguayo. Y para concluir se leyó una declaración final de las jornadas. A continuación el texto completo:
Declaración de Montevideo
A partir de la década de 1990, fuerzas políticas de izquierda y progresistas ocupan, de manera estable y prolongada, espacios en los poderes e instituciones del Estado, incluido el ejercicio del Poder Ejecutivo en un significativo número de países de América Latina. La importancia de este hecho se multiplica debido a que esos espacios fueron conquistados a contracorriente de la imposición de Estados neoliberales y del grave daño infligido a todo pensamiento emancipador por el llamado socialismo real y su ignominioso derrumbe. Ello fue posible gracias al acumulado histórico de las luchas populares, el rechazo generalizado a la violencia reaccionaria históricamente ejercida como método de dominación, la gran organización, movilización y lucha social y política desplegada contra el neoliberalismo, y el voto de castigo de amplios sectores sociales contra los gobiernos neoliberales.
Antonio Elias (INESUR COFE Uruguay)
El cambio en el mapa político latinoamericano y caribeño creó las condiciones para el inicio de la solución de problemas de larga data, como la derrota de la política y bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana, incluido el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y la apertura de una posibilidad real de solución política negociada del conflicto armado colombiano, que está a punto de concretarse en la firma de un Acuerdo de Paz con las FARC-EP y que debe concluir con un acuerdo similar con el ELN.
Horacio Fernandez (IDEP ATE Argentina)
En los países donde la institucionalidad neoliberal colapsó, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, al acceder al gobierno las fuerzas populares implementaron profundos cambios en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería. Los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía popular donde, en medio de tensiones y contradicciones, se plasmaron en la elaboración de nuevas Constituciones.
Atilio Boron (Argentina)
En los países donde antiguos movimientos insurgentes lograron transformar su acumulado político‑militar en acumulado político‑electoral, en Nicaragua y el Salvador, esas fuerzas ejercen hoy el gobierno con programas orientados a detener y revertir la reestructuración neoliberal desarrollada por los gobiernos de derecha que les precedieron, y sustituirlos por programas de asistencia y desarrollo económico y social, en la medida en que la correlación de fuerzas en cada uno de ellos lo permiten.
Plinio Arruda Samapio (Brasil)
Y en el Cono Sur, en Brasil, Argentina y Uruguay, coaliciones políticas que abarcan un amplio el espectro de fuerzas progresistas y de izquierda, por lo general en alianza con fuerzas sistémicas o tradicionales, accedieron al gobierno. Esos gobiernos progresistas optaron por variadas formas de institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis: llegaron al gobierno vaciando su discurso político de los objetivos estratégicos de la izquierda, asumieron las reformas del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo y pretendieron atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. En estos países los cambios son fuertes en el plano político-electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, y en lo económico e institucional profundizan el capitalismo.
Roberto Regalado (Cuba)
Todos los gobiernos latinoamericanos de izquierda y progresistas generaron expectativas populares que han sido parcialmente satisfechas, en mayor o menor medida, en dependencia de las condiciones y características, y de la correlación de fuerzas existente en cada país. Pero si bien estos espacios político‑institucionales fueron conquistados a contracorriente del neoliberalismo y de la ofensiva ideológico‑cultural reaccionaria derivada del fin de la bipolaridad, también están acotados y signados por sus secuelas. Y la inflexión de la coyuntura internacional, provocada por la agudización de la crisis sistémica del capitalismo y la economía mundial, revela los límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente, es decir, de la democracia burguesa, como sistema político dentro del cual realizar las reformas y transformaciones que necesitan los pueblos de la región.
Antonio González Plessman (Venezuela)
Los límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente y los errores, deficiencias e insuficiencias de las propias fuerzas de izquierda y progresistas, son aprovechados por el imperialismo y las oligarquías criollas para recuperar el monopolio de los poderes del Estado que históricamente ejercieron. Para ello recurren a la guerra mediática, las campañas de desestabilización, la judicialización de la política, los llamados golpes de Estado de nuevo tipo y otros métodos similares. El resultado es que los pueblos latinoamericanos quedan expuestos a ataques contra los derechos de los trabajadores y contra la soberanía nacional.
Julio Gambina (Argentina)
El nuevo momento histórico incentivó una peligrosa ofensiva de los sectores más reaccionarios y autoritarios de la derecha: en Venezuela, se recurre tanto a la violencia paramilitar como a la guerra económica; en Bolivia, se fabricó un conjunto de calumnias para descarrilar el referendo constitucional convocado para habilitar una nueva reelección del presidente Evo Morales y en Brasil, se aprovechó la debilidad del gobierno de Dilma para impulsar un golpe institucional. En todos los casos los medios de comunicación masivos desarrollan una campaña permanente contra estos gobiernos.
Marcelo Díaz Carcanholo (Brasil)
Esas agresiones se ven favorecidas por el empeoramiento de la situación económica mundial, que provoca la caída de la demanda de materias primas, en volumen y precios, la recuperación del valor relativo del dólar, con las consiguientes devaluaciones de las monedas nacionales, el aumento de los intereses de la deuda externa y el retraimiento de la entrada de capitales.
Julio Fuentes y Gustavo Quintero (ATE Argentina)
Organizado por el Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y la Sociedad de Economía Política Latinoamericana (SEPLA) estas jornadas de debate se iniciaron el miércoles 13 en las instalaciones de la COFE sobre la avenida 18 de Julio, y tuvieron su cierre en una sala de conferencias de la Universidad de Ciencias Sociales.
Julio Fuentes, Presidente de la CLATE
Los distintos referentes de estos cinco países latinoamericanos debatieron durante dos días. Estas disertaciones, preguntas y respuestas, fueron grabadas para luego producir una publicación similar a la de diez años atrás. Este encuentro reedita y toma como base el realizado en Montevideo del 17 al 19 de agosto de 2005 titulado “Los gobiernos progresistas en Debate”. El origen de la convocatoria de ambos encuentros es la necesidad que tiene el movimiento sindical de combinar en forma sistemática teoría y acción, en una actitud práctico-crítica imprescindible en una fuerza social que se plantea, como objetivo estratégico, una transformación radical de la relación entre el capital y el trabajo.
Joselo López (COFE Uruguay)
Los participantes de estas jornadas fueron desde el sector académico, Atilio Borón, Julio Gambina del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A y Horacio Fernández del Instituto de Estado y Participación de la ATE (Argentina); Marcelo Díaz Carcanholo y Plinio Arruda Samapio (Brasil); Roberto Regalado (Cuba); Antonio González Plessman (Venezuela); Antonio Elías y Álvaro Rico (Uruguay). Desde el sector sindical: Julio Fuentes (Presidente de CLATE y Secretario General Adjunto de la ATE Argentina) Joselo López (Secretario General de COFE Uruguay); Marcelo Abdala (Secretario General del PIT-CNT) y Martín Pereira (Presidente de COFE) (Uruguay).
Martin Pereira (COFE Uruguay)
El viernes 15 se realizó el cierre con las conclusiones de cada uno de los participantes en el ámbito universitario uruguayo. Y para concluir se leyó una declaración final de las jornadas. A continuación el texto completo:
Declaración de Montevideo
A partir de la década de 1990, fuerzas políticas de izquierda y progresistas ocupan, de manera estable y prolongada, espacios en los poderes e instituciones del Estado, incluido el ejercicio del Poder Ejecutivo en un significativo número de países de América Latina. La importancia de este hecho se multiplica debido a que esos espacios fueron conquistados a contracorriente de la imposición de Estados neoliberales y del grave daño infligido a todo pensamiento emancipador por el llamado socialismo real y su ignominioso derrumbe. Ello fue posible gracias al acumulado histórico de las luchas populares, el rechazo generalizado a la violencia reaccionaria históricamente ejercida como método de dominación, la gran organización, movilización y lucha social y política desplegada contra el neoliberalismo, y el voto de castigo de amplios sectores sociales contra los gobiernos neoliberales.
Antonio Elias (INESUR COFE Uruguay)
El cambio en el mapa político latinoamericano y caribeño creó las condiciones para el inicio de la solución de problemas de larga data, como la derrota de la política y bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana, incluido el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y la apertura de una posibilidad real de solución política negociada del conflicto armado colombiano, que está a punto de concretarse en la firma de un Acuerdo de Paz con las FARC-EP y que debe concluir con un acuerdo similar con el ELN.
Horacio Fernandez (IDEP ATE Argentina)
En los países donde la institucionalidad neoliberal colapsó, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, al acceder al gobierno las fuerzas populares implementaron profundos cambios en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería. Los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía popular donde, en medio de tensiones y contradicciones, se plasmaron en la elaboración de nuevas Constituciones.
Atilio Boron (Argentina)
En los países donde antiguos movimientos insurgentes lograron transformar su acumulado político‑militar en acumulado político‑electoral, en Nicaragua y el Salvador, esas fuerzas ejercen hoy el gobierno con programas orientados a detener y revertir la reestructuración neoliberal desarrollada por los gobiernos de derecha que les precedieron, y sustituirlos por programas de asistencia y desarrollo económico y social, en la medida en que la correlación de fuerzas en cada uno de ellos lo permiten.
Plinio Arruda Samapio (Brasil)
Y en el Cono Sur, en Brasil, Argentina y Uruguay, coaliciones políticas que abarcan un amplio el espectro de fuerzas progresistas y de izquierda, por lo general en alianza con fuerzas sistémicas o tradicionales, accedieron al gobierno. Esos gobiernos progresistas optaron por variadas formas de institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis: llegaron al gobierno vaciando su discurso político de los objetivos estratégicos de la izquierda, asumieron las reformas del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo y pretendieron atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. En estos países los cambios son fuertes en el plano político-electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, y en lo económico e institucional profundizan el capitalismo.
Roberto Regalado (Cuba)
Todos los gobiernos latinoamericanos de izquierda y progresistas generaron expectativas populares que han sido parcialmente satisfechas, en mayor o menor medida, en dependencia de las condiciones y características, y de la correlación de fuerzas existente en cada país. Pero si bien estos espacios político‑institucionales fueron conquistados a contracorriente del neoliberalismo y de la ofensiva ideológico‑cultural reaccionaria derivada del fin de la bipolaridad, también están acotados y signados por sus secuelas. Y la inflexión de la coyuntura internacional, provocada por la agudización de la crisis sistémica del capitalismo y la economía mundial, revela los límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente, es decir, de la democracia burguesa, como sistema político dentro del cual realizar las reformas y transformaciones que necesitan los pueblos de la región.
Antonio González Plessman (Venezuela)
Los límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente y los errores, deficiencias e insuficiencias de las propias fuerzas de izquierda y progresistas, son aprovechados por el imperialismo y las oligarquías criollas para recuperar el monopolio de los poderes del Estado que históricamente ejercieron. Para ello recurren a la guerra mediática, las campañas de desestabilización, la judicialización de la política, los llamados golpes de Estado de nuevo tipo y otros métodos similares. El resultado es que los pueblos latinoamericanos quedan expuestos a ataques contra los derechos de los trabajadores y contra la soberanía nacional.
Julio Gambina (Argentina)
El nuevo momento histórico incentivó una peligrosa ofensiva de los sectores más reaccionarios y autoritarios de la derecha: en Venezuela, se recurre tanto a la violencia paramilitar como a la guerra económica; en Bolivia, se fabricó un conjunto de calumnias para descarrilar el referendo constitucional convocado para habilitar una nueva reelección del presidente Evo Morales y en Brasil, se aprovechó la debilidad del gobierno de Dilma para impulsar un golpe institucional. En todos los casos los medios de comunicación masivos desarrollan una campaña permanente contra estos gobiernos.
Marcelo Díaz Carcanholo (Brasil)
Esas agresiones se ven favorecidas por el empeoramiento de la situación económica mundial, que provoca la caída de la demanda de materias primas, en volumen y precios, la recuperación del valor relativo del dólar, con las consiguientes devaluaciones de las monedas nacionales, el aumento de los intereses de la deuda externa y el retraimiento de la entrada de capitales.
Julio Fuentes y Gustavo Quintero (ATE Argentina)
Uruguay: El arma del miedo
Por Lucas Silva, La Diaria
25 de marzo de 2016
Los “desconocidos de siempre” entraron a la sede del GIAF: se llevaron un disco duro y dinero, y marcaron direcciones de antropólogos en un mapa de Montevideo.
Quizá sea por la cercanía del 14 de abril, la fecha que los militares adoptaron para recordar a los “caídos en defensa de las instituciones democráticas”, y la necesidad de mandar algún mensaje intimidatorio. O podría estar relacionado con información reservada que maneja el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), que investiga dónde están los restos de los desaparecidos en la última dictadura militar y que ayer reiniciaba las tareas, junto a un técnico argentino, en los galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército. Por ahora son todas hipótesis.
Pero lo que sí está confirmado es que durante la calma montevideana de la Semana de Turismo, alguien ingresó sin autorización a la sede del GIAF, robó materiales de archivo y dejó mensajes amenazantes contra los profesionales que trabajan en esa oficina. Quedó claro, además, que no fue un robo cualquiera.
La advertencia más directa quedó estampada en una de las paredes de la oficina, sobre un mapa de la ciudad de Montevideo; los atacantes marcaron allí las direcciones de los domicilios de los integrantes del equipo del GIAF.
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Quizá sea por la cercanía del 14 de abril, la fecha que los militares adoptaron para recordar a los “caídos en defensa de las instituciones democráticas”, y la necesidad de mandar algún mensaje intimidatorio. O podría estar relacionado con información reservada que maneja el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), que investiga dónde están los restos de los desaparecidos en la última dictadura militar y que ayer reiniciaba las tareas, junto a un técnico argentino, en los galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército. Por ahora son todas hipótesis.
Pero lo que sí está confirmado es que durante la calma montevideana de la Semana de Turismo, alguien ingresó sin autorización a la sede del GIAF, robó materiales de archivo y dejó mensajes amenazantes contra los profesionales que trabajan en esa oficina. Quedó claro, además, que no fue un robo cualquiera.
La advertencia más directa quedó estampada en una de las paredes de la oficina, sobre un mapa de la ciudad de Montevideo; los atacantes marcaron allí las direcciones de los domicilios de los integrantes del equipo del GIAF.
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Cancelación del proyecto de Aratirí
Victoria y alivio para el país: cuestiones pendientes
Comunicado de Uruguay Libre, Marzo 8, 2016
Con el término del plazo legal para la firma de un contrato de inversión entre Aratirí y el gobierno uruguayo, el proyecto de minería de gran porte para la extracción a cielo abierto del hierro de los yacimientos de Valentines ha sido cancelado. Sin embargo, esto no significa que las tierras afectadas por los títulos mineros de este proyecto se verán liberadas y que no puedan reaparecer en el futuro propuestas similares.
Saludamos este hecho como una victoria de todos los sectores sociales que lucharon contra el proyecto de Aratirí por considerarlo inapropiado para el Uruguay. Presentado como la mayor inversión en la historia del país y una panacea del futuro desarrollo nacional, el conocimiento de los graves impactos económicos, sociales y ambientales que traería su ejecución generó una resistencia social sin precedentes.
La realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008. Era una coyuntura pasajera, no una tendencia normal de la economía, y no podía ser la base de sustentación de una minería responsable y el montaje de una industria siderúrgica nacional.
Uruguay se salvó de dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni garantías. Zamin Ferrous, la empresa madre de Aratirí, enfrenta hoy acciones en la justicia de Brasil y el Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales y el incumplimiento de contratos, bajo la acusación de haber obtenido concesiones públicas y autorizaciones ambientales en forma fraudulenta.
El 24 de febrero pasado venció el último plazo legal que disponía Aratirí para presentar un nuevo inversor interesado en el proyecto y firmar el contrato para iniciar la actividad extractiva. Al no haber cumplido con este requisito, el artículo 38 de la Ley de Minería de Gran Porte establece que debe procederse “a inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en el Registro de Vacancias”
A partir de entonces, por el artículo 37 de la misma ley, el estado tiene la prioridad y dispone de 180 días para decidir si compra o no la información generada por las actividades exploratorias de Aratirí. La minera ha alterado significativamente el valor de esa información, al punto que elevó sus declaraciones de costos de 60 a 300 millones de dólares luego de haber paralizado sus trabajos en 2011.
Se ha llegado a rumorear que la minera le haría un juicio al estado, para lo cual tendría que presentar pruebas de compromisos incumplidos.
Si existieran, esos compromisos habrían sido hasta ahora secretos, pero pueden ser parte de una negociación. Lo que pueda llegar a pagar el estado por esa información es la última oportunidad de Zamin Ferrous para lograr una ganancia de su proyecto fallido en Uruguay.
El proyecto de Aratirí fue promovido con el argumento de generar fuentes de trabajo pero era solo un negocio de ocasión. En enero de 2012 la minera envió a sus empleados al Seguro de Paro y el gobierno prorrogó hasta hoy esta situación para facilitar la negociación del contrato. Vencidos todos los plazos, la empresa ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones legales de indemnización por despido.
Si el estado no los declara Reserva Minera, los títulos del Registro de Vacancias están a disposición de los interesados. Por la reforma del Código de Minería de 2011, la tenencia de los títulos de prospección y exploración puede llegar a un máximo de 12 años. Pero DINAMIGE admite que una misma empresa, con otro nombre, retenga sus derechos mineros, así que los títulos de Aratirí podrían volver al mismo dueño.
La minería a cielo abierto en yacimientos metalíferos de baja concentración, como es el caso de Uruguay, es la actividad más depredadora y contaminante de tierras y aguas en todo el planeta. Pretender desarrollar esa actividad en este país significa la destrucción definitiva del área de la explotación minera y la grave afectación adicional de una vasta área de nuestros suelos y recursos hídricos.
Las disposiciones del Código de Minería y la forma como son aplicadas por DINAMIGE han facilitado la especulación con los títulos mineros y con las tierras que se vuelven cautivas de los mismos. Como resultado, casi una cuarta parte del territorio nacional se encuentra afectada por pedimentos o títulos mineros y sus propietarios enfrentan dificultades para obtener créditos y planificar las actividades productivas.
La única manera de superar esta situación es con una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en el país. Hemos pasado las 100.000 firmas y seguiremos recogiéndolas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo debidamente informado el que decida esta cuestión.
Uruguay Libre de Megamineria!
Saludamos este hecho como una victoria de todos los sectores sociales que lucharon contra el proyecto de Aratirí por considerarlo inapropiado para el Uruguay. Presentado como la mayor inversión en la historia del país y una panacea del futuro desarrollo nacional, el conocimiento de los graves impactos económicos, sociales y ambientales que traería su ejecución generó una resistencia social sin precedentes.
La realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008. Era una coyuntura pasajera, no una tendencia normal de la economía, y no podía ser la base de sustentación de una minería responsable y el montaje de una industria siderúrgica nacional.
Uruguay se salvó de dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni garantías. Zamin Ferrous, la empresa madre de Aratirí, enfrenta hoy acciones en la justicia de Brasil y el Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales y el incumplimiento de contratos, bajo la acusación de haber obtenido concesiones públicas y autorizaciones ambientales en forma fraudulenta.
El 24 de febrero pasado venció el último plazo legal que disponía Aratirí para presentar un nuevo inversor interesado en el proyecto y firmar el contrato para iniciar la actividad extractiva. Al no haber cumplido con este requisito, el artículo 38 de la Ley de Minería de Gran Porte establece que debe procederse “a inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en el Registro de Vacancias”
A partir de entonces, por el artículo 37 de la misma ley, el estado tiene la prioridad y dispone de 180 días para decidir si compra o no la información generada por las actividades exploratorias de Aratirí. La minera ha alterado significativamente el valor de esa información, al punto que elevó sus declaraciones de costos de 60 a 300 millones de dólares luego de haber paralizado sus trabajos en 2011.
Se ha llegado a rumorear que la minera le haría un juicio al estado, para lo cual tendría que presentar pruebas de compromisos incumplidos.
Si existieran, esos compromisos habrían sido hasta ahora secretos, pero pueden ser parte de una negociación. Lo que pueda llegar a pagar el estado por esa información es la última oportunidad de Zamin Ferrous para lograr una ganancia de su proyecto fallido en Uruguay.
El proyecto de Aratirí fue promovido con el argumento de generar fuentes de trabajo pero era solo un negocio de ocasión. En enero de 2012 la minera envió a sus empleados al Seguro de Paro y el gobierno prorrogó hasta hoy esta situación para facilitar la negociación del contrato. Vencidos todos los plazos, la empresa ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones legales de indemnización por despido.
Si el estado no los declara Reserva Minera, los títulos del Registro de Vacancias están a disposición de los interesados. Por la reforma del Código de Minería de 2011, la tenencia de los títulos de prospección y exploración puede llegar a un máximo de 12 años. Pero DINAMIGE admite que una misma empresa, con otro nombre, retenga sus derechos mineros, así que los títulos de Aratirí podrían volver al mismo dueño.
La minería a cielo abierto en yacimientos metalíferos de baja concentración, como es el caso de Uruguay, es la actividad más depredadora y contaminante de tierras y aguas en todo el planeta. Pretender desarrollar esa actividad en este país significa la destrucción definitiva del área de la explotación minera y la grave afectación adicional de una vasta área de nuestros suelos y recursos hídricos.
Las disposiciones del Código de Minería y la forma como son aplicadas por DINAMIGE han facilitado la especulación con los títulos mineros y con las tierras que se vuelven cautivas de los mismos. Como resultado, casi una cuarta parte del territorio nacional se encuentra afectada por pedimentos o títulos mineros y sus propietarios enfrentan dificultades para obtener créditos y planificar las actividades productivas.
La única manera de superar esta situación es con una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en el país. Hemos pasado las 100.000 firmas y seguiremos recogiéndolas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo debidamente informado el que decida esta cuestión.
Uruguay Libre de Megamineria!
RIP Eduardo Galeano, Chronicler of
Latin America’s "Open Veins"
Watch His Democracy Now! Interviews
Monday, April 13, 2015
One of Latin America’s most acclaimed writers, Eduardo Galeano, has died at the age of 74. The Uruguayan novelist and journalist made headlines when Venezuelan President Hugo Chávez gave President Obama a copy of his classic work, The Open Veins of Latin America.
Galeano is also the author of the three-volume Memory of Fire, Soccer in Sun and Shadow, Upside Down, The Book of Embraces, We Say No, Voices of Time and Mirrors, among others. In the interview above he discusses his most recent book, Children of the Days: A Calendar of Human History.
In a 2013 interview on Democracy Now! Galeano said, "We have a memory cut in pieces. And I write trying to recover our real memory, the memory of humankind, what I call the human rainbow, which is much more colorful and beautiful than the other one, the other rainbow. But the human rainbow had been mutilated by machismo, racism, militarism and a lot of other isms, who have been terribly killing our greatness, our possible greatness, our possible beauty."
Watch all of Galeano’s interviews on Democracy Now!
In 2009 we spent the hour with the author discussing his reaction to the Chavez-Obama book exchange, media and politics in Latin America, and more.
INTERVIEW HERE!
Galeano is also the author of the three-volume Memory of Fire, Soccer in Sun and Shadow, Upside Down, The Book of Embraces, We Say No, Voices of Time and Mirrors, among others. In the interview above he discusses his most recent book, Children of the Days: A Calendar of Human History.
In a 2013 interview on Democracy Now! Galeano said, "We have a memory cut in pieces. And I write trying to recover our real memory, the memory of humankind, what I call the human rainbow, which is much more colorful and beautiful than the other one, the other rainbow. But the human rainbow had been mutilated by machismo, racism, militarism and a lot of other isms, who have been terribly killing our greatness, our possible greatness, our possible beauty."
Watch all of Galeano’s interviews on Democracy Now!
In 2009 we spent the hour with the author discussing his reaction to the Chavez-Obama book exchange, media and politics in Latin America, and more.
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